Hace más de una década se realizan prácticas de RSE en nuestro país y desde ese entonces surgió la necesidad de sancionar una ley que brinde un marco legal a las actividades que hacen las empresas para contribuir al desarrollo sostenible. Desde 2005 hubo una danza de proyectos de leyes nacionales y provinciales que con matices tienen el mismo objetivo: regular la actividad y provocar un efecto contagio en el mundo empresarial.
Aunque varios proyectos perdieron estado parlamentario, subsisten dos iniciativas nacionales de las senadoras María Laura Leguizamón (Buenos Aires) -pionera en RSE ya que fue autora del primero presentado en el país- y Liliana Negre de Alonso (San Luis), quien también está en tema. Ambas renovaron en más de una oportunidad sus iniciativas y analizándolas se podría decir que comparten la misma meta, aunque el camino trazado es diferente: mientras una busca transparentar acciones que las empresas ya están realizando, la otra propone "fijar un marco jurídico mínimo" mediante un sistema de premios, castigos y beneficios fiscales.
"Buscamos regular aspectos de las actividades de las empresas para que sean más transparentes", apuntan asesores de Leguizamón, quien renovó este año un proyecto que propone la creación de Reportes de Sustentabilidad. Quizá por llevar casi 10 años en la carrera legislativa, esta iniciativa parte de la siguiente argumentación: como existen registros obligatorios sobre medio ambiente, sobre prácticas laborales e impositivas, que se realice un reporte de sustentabilidad no debería ser muy diferente para las empresas. En suma, lo que proponen es la confección de un documento que comunica el desempeño financiero, social y ambiental de una compañía. "Intentamos regular una parte pequeña de la RSE que es la de reportar, sólo eso", reconocen.
Por su parte, la senadora justicialista puntana asegura que la RSE "es una prioridad muy importante". "Creo que este proyecto, con la presencia de este gran operador político global que es el papa Francisco, cobra mucha actualidad. El Papa nos está hablando de la opresión de los ricos sobre los pobres", reflexiona en diálogo con Ámbito Biz.
Su proyecto de ley sobre RSE ingresó al Senado en diciembre de 2013 y contempla que las empresas registren un balance social con acciones de RSE internas y externas. Además, se les entrega una etiqueta de "Responsabilidad Social" y beneficios económicos y fiscales como un descuento del 50% en Ingresos Brutos y aportes patronales."Únicamente con criterios altruistas, al capital no se lo mueve, ni se lo conmueve", dice la legisladora.
Leguizamón apunta a un cambio cultural más profundo, en donde la responsabilidad de la empresa comience en la génesis de su actividad para luego abarcar otras áreas ligadas a la sustentabilidad. "Tu primera responsabilidad social es para lo que fuiste creado", resume a este medio. Pero además, considera que se necesita un cambio de paradigma y que el país debe tener un modelo propio. "No son lo mismo las necesidades que vive Europa que las que vive la Argentina; nosotros tenemos que hacer nuestro traje a medida", insiste.
En líneas generales, estos proyectos tienen múltiples similitudes como la adhesión voluntaria, la entrega de registros o balances sociales, la inscripción en un ente específico y la existencia de un órgano de control.
"En 10 años las cosas han cambiado y las empresas que antes se oponían, ahora ven con buenos ojos que haya regulación. ¿Por qué? Primero porque en otros lados del mundo hay bastante regulación y segundo porque permite diferenciar las empresas que están haciendo algo de las que no", resume un especialista.
El panorama en Mendoza es diferente. Es la única provincia que logró sancionar una norma de RSE, aunque no fue sencillo. Otra que sigue el mismo camino es Neuquén, que en abril presentó un proyecto que tiene puntos de contacto de la norma cuyana y otros opuestos. "Pensamos que la RSE tradicional es insuficiente y tenemos que hablar de valor compartido", explica el diputado provincial Luis Sapag (MPN).
"Si la empresa está afincada en Neuquén tiene que compartir los valores de la región e insertase en la comunidad y colaborar", detalla. El proyecto, a diferencia del resto, es de carácter obligatorio (principal escollo que tuvo que modificar Mendoza), pero comparte otros puntos como la entrega de balances sobre la base de indicadores internacionales y la creación de un premio anual.
Lo cierto es que en el país existe una ley provincial aprobada, otra del mismo rango en camino y dos iniciativas nacionales que aún deben tratarse en comisión; sólo resta aunar voluntades porque las fuentes consultadas confiaron que podrían compartir sus proyectos. Lo importante entonces es lograr consensos de una vez por todas, aunque, como dijo una de las senadoras: "Muchas veces los temas importantes son relegados por los urgentes".
Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=749277
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